Soporte jurídico para el control oficial

 

La Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, constituye el soporte legal sobre el que se fundamentan todas las actuaciones relacionadas con la seguridad alimentaria.

En su artículo 2 se describe el ámbito de aplicación, en el que se incluyen las actividades relacionadas con la seguridad de los alimentos y los piensos destinados a animales productores de alimentos a lo largo de todas las etapas de producción, transformación y distribución.

Por su elevado interés en el ámbito de este Plan, cabe destacar los siguientes capítulos de esta ley:

  1. Capítulo I: Medidas de prevención y seguridad de los alimentos y piensos.
  2. Capítulo II: Garantías de seguridad en el comercio exterior de alimentos y piensos.
  3. Capítulo III: Control oficial y coordinación administrativa.
  4. Capítulo IV: Instrumentos de seguridad alimentaria.
  5. Capítulo V: Evaluación de riesgos, riesgos emergentes y cooperación científica-técnica
  6. Capítulo VI: Laboratorios
  7. Capítulo IX: Potestad sancionadora
  8. Capítulo X: Tasas

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en su Título IV regula la potestad sancionadora. 

Cabe destacar por su importante interés en lo que se refiere a los controles oficiales que se realizan los siguientes títulos y sus correspondientes capítulos:

  1. Título I. Ámbito de aplicación y derechos básicos de los consumidores y usuarios.
  2. Capítulo I. Ámbito de aplicación.
  3. Capítulo II. Derechos básicos de los consumidores y usuarios.
  4. Capítulo III. Protección de la salud y seguridad.
  5. Capítulo IV. Derecho a la información, formación y educación.
  6. Título III. Cooperación institucional.
  7. Capítulo I. Conferencia Sectorial de Consumo.
  8. Capítulo II. Cooperación institucional en materia de formación y control de la calidad.
  9. Título IV. Potestad sancionadora.
  10. Capítulo I. Disposiciones generales.
  11. Capítulo II. Infracciones y sanciones.

Por otra parte, el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, sin menoscabo de otra reglamentación que sea de aplicación en este ámbito. Aunque esta disposición es inferior jerárquicamente a las leyes enumeradas posteriormente, se considera necesario incluirla en tercer lugar, ya que resulta de trascendental importancia en el control oficial.

En su Art. 13 se describe que en el ejercicio de su función, los inspectores tendrán el carácter de autoridad y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra, así como de los Cuerpos de Seguridad del Estado. También establece las pautas para:

  1. el levantamiento de actas;
  2. la obligación de los interesados en colaborar con la inspección;
  3. la adopción de medidas adicionales en caso de riesgo real o previsible para la salud pública;
  4. la toma de muestras;
  5. las pruebas analíticas, incluyendo la posibilidad de análisis contradictorio al interesado;
  6. las infracciones y sanciones.

Además de lo establecido en la Ley 17/2011, el Real Decreto Legislativo 1/2007,  el Real Decreto 1945/1983 y el Art. 4 del Reglamento (CE) nº 882/2004, en referencia a la capacidad jurídica necesaria para efectuar los controles oficiales, en el Estado se recoge una amplia legislación que presta soporte jurídico a cuantas actividades se realicen y deriven del control oficial reflejado en el presente Plan y que a continuación se detalla en orden cronológico:

La Ley 14/1986 General de Sanidad  en su Art. 18.12  establece la promoción y mejora de las actividades de veterinaria de salud pública, sobre todo en las áreas de la higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la armonización funcional que exige la prevención y lucha contra la zoonosis. Por otra parte en su Capítulo VI del Título II se regulan las Infracciones y Sanciones en materia sanitaria.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y su modificación por la Ley 4/1999, en su Título IXX regula la potestad sancionadora diferenciando entre los principios de la potestad sancionadora y los principios del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se regula mediante normas reglamentarias, en concreto el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que actualiza normas relativas al personal al servicio de las Administraciones públicas, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y sobre actualización de tasas, infracciones y sanciones.

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, en su Título V establece el régimen de infracciones y sanciones.

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, en su Título IV el Capítulo I establece las inspecciones y controles, en el capítulo II y III las infracciones y sanciones, y en el capítulo IV los medios de ejecución y otras medidas. En cuanto a procedimientos (disposición transitoria segunda), remite al Real Decreto 1945/1983, que se refiere abajo.

Por su parte, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, tras establecer las actuaciones de lucha y control de las enfermedades en el Capítulo III del Título II, establece un detallado régimen de controles e inspecciones en el Capítulo I del Título V. En el Capitulo II y III se detallan las infracciones y sanciones, y en el Capitulo IV de ese mismo Titulo V las medidas de ejecución y otras medidas.

La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, establece en su Título III Capítulo I las obligaciones de los interesados y las facultades de los inspectores y en su Capítulo II las infracciones y sanciones.

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En su Título VIII se regula el régimen sancionador (Capítulo I Inspección y Medidas Cautelares; Capítulo II Infracciones y Sanciones).

La Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, regula en su Título II Capítulo I las inspecciones y en su Título II las infracciones y sanciones.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. En su título II destaca las actuaciones de Sanidad Exterior y salud internacional como actuaciones de salud pública y en su título VI regula las infracciones y sanciones.

La Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

La Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En su Preliminar se incorporan los principios relativos al ejercicio de la potestad sancionadora.

Otra normativa más específica de carácter nacional o autonómico aparece reflejada en el apartado “Control oficial de la cadena alimentaria en España”.