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Principios y requisitos generales

 

La Comisión Europea plasmó sus prioridades estratégicas en el “Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria”, presentado en el año 2000. En el mismo, se recoge como una de las principales, la de velar por conseguir los más elevados niveles de seguridad alimentaria en la Unión Europea. Su principio rector es que la política de seguridad alimentaria debe basarse en un planteamiento global e integrado: es decir, a lo largo de toda la cadena alimentaria («de la granja al consumidor») y en todos los sectores de la alimentación. El Libro Blanco presentó más de 80 acciones independientes que debían caracterizar la política sobre la seguridad alimentaria en Europa en los próximos años, así como las reformas legislativas y organizativas que se debían afrontar. De su Plan de acción sobre seguridad alimentaria, se han derivado el Reglamento base que recoge los Principios Generales de la legislación alimentaria, así como las disposiciones relativas a los alimentos de origen vegetal y animal y aclarar las responsabilidades de los agentes del sector alimentario.

Los Principios Generales de la Legislación Alimentaria, están establecidos por los artículos 5 a 10 del Reglamento 178/2002 del Parlamento europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, desde ahora el “Reglamento”. Todos los implicados en la seguridad alimentaria se tienen que ajustar a ellos cuando tomen medidas legislativas en materia de seguridad alimentaria. Siguiendo esta premisa, la legislación alimentaria vigente debía adaptarse antes del 1 de enero de 2007, con el fin de cumplir tales principios y procedimientos.

Objetivos generales

La legislación alimentaria está encaminada a asegurar un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, teniendo en cuenta el bienestar de los animales, los aspectos fitosanitarios y el medio ambiente. Todo ello bajo el enfoque integrado «de la granja a la mesa» que es considerado actualmente un principio general de la política de seguridad alimentaria de la UE.

Dicha legislación, establece tanto a escala nacional como comunitaria, el derecho de los consumidores a la seguridad de los alimentos y a disponer de una información precisa y veraz. A escala comunitaria, tiene por objeto armonizar los requisitos nacionales a fin de garantizar la libre circulación de alimentos y piensos en la UE.

La legislación alimentaria reconoce la responsabilidad de la UE en el marco internacional y, por tanto, debe ser desarrollada y adaptada teniendo en cuenta las normas internacionales, salvo cuando ello pueda menoscabar el alto nivel de protección de los consumidores perseguido por la UE.

Análisis de riesgos

El Reglamento establece los principios de análisis de riesgos en relación con los alimentos y establece las estructuras y los mecanismos para la evaluación científica y técnica que se llevan a cabo por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

La legislación alimentaria y, en particular, las medidas relativas a la seguridad de los alimentos deben estar sustentadas por una sólida base científica. La UE ha estado a la vanguardia del desarrollo de los principios del análisis de riesgos y su posterior aceptación internacional. El Reglamento establece que los tres componentes interrelacionados del análisis de riesgos (evaluación, gestión y comunicación) constituyen la base de la legislación alimentaria. A pesar de ello, dicha legislación no siempre tiene una base científica, por ejemplo, la relativa a la información al consumidor o la prevención de prácticas engañosas no necesita un fundamento científico.

La evaluación científica del riesgo debe llevarse a cabo de forma independiente, objetiva y transparente y estar basada en la mejor base científica disponible.

La gestión de riesgos es el proceso de ponderar las distintas opciones normativas a la luz de los resultados de una evaluación del riesgo y, si es necesario, la selección de las medidas apropiadas necesarias para prevenir, reducir o eliminar el riesgo y garantizar el alto nivel de protección de la salud que determina la UE.

Los encargados de la gestión, a la hora de adoptar decisiones, necesitan considerar una serie de informaciones, además de la evaluación científica del riesgo.

Estas incluyen, por ejemplo, la posibilidad de controlar una situación de riesgo, las acciones más eficaces para reducirlo en función de la parte de la cadena de suministro de alimentos, donde el problema se repite, las disposiciones prácticas necesarias, los efectos socio-económicos y el impacto ambiental.

Transparencia

La seguridad alimentaria y la protección de los intereses de los consumidores son motivo de preocupación creciente para el público en general, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones profesionales, los socios comerciales internacionales y las organizaciones comerciales. Sin embargo, el Reglamento establece un marco para la mayor participación de los operadores económicos en todas las etapas en el desarrollo de la legislación alimentaria y establece los mecanismos necesarios para aumentar la confianza de los consumidores en la dicha legislación.

Esta confianza es un elemento esencial resultado de una exitosa política alimentaria y, por lo tanto, es un objetivo primordial de las acciones de la UE relacionadas con la alimentación. La transparencia de la legislación y la consulta pública eficaz son elementos esenciales de la construcción de este mayor grado de confianza.

La mejora de la comunicación acerca de la inocuidad de los alimentos y la evaluación y explicación de los riesgos potenciales, incluida la plena transparencia de los dictámenes científicos, son de vital importancia.

Principio de cautela

El Reglamento establece en su artículo 7, el principio de cautela como una opción abierta a los gestores de riesgos, cuando hay que tomar decisiones para proteger la salud, pero la información científica sobre el riesgo no es concluyente o existe alguna incertidumbre científica.

El principio de cautela es relevante cuando se observa la posibilidad de que existan riesgos nocivos para la salud, pero la información y los datos existentes puedan no ser suficientes para permitir realizar una evaluación de los riesgos completa. Bajo estas circunstancias, los gestores de riesgos podrán adoptar medidas o acciones para proteger la salud basándose en este principio de cautela, siempre que se establezcan al mismo tiempo estudios científicos más completos. Tales medidas han de cumplir con los principios normales de no discriminación y proporcionalidad y deben considerarse como provisionales hasta el momento en que una información más completa sobre el riesgo pueda ser recogida y analizada.